El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, en Sucre, condenó a la nación a un pago astronómico de 2,1 billones de pesos para reparar a 44.568 personas que fueron desplazadas por los grupos armados ilegales. 

Según la sentencia, que resolvió una acción de grupo presentada por las víctimas, la el Ministerio de Defensa, Acción Social, el Departamento de Sucre, el municipio de Sincelejo y la Personería debieron haber ejecutado una política integral que evitara la tragedia humanitaria que se vivió en esa población por causa de la violencia. 

La condena hace referencia a las últimas cinco décadas de conflicto ininterrumpido que ha afectado a esa población. 

Como era de esperarse, el Gobierno apeló la decisión por considerarla desproporcionada, tal cual lo afirmó la directora de la Defensa Jurídica del Estado, Juanita López. 

“El fallo no guarda los estándares de sostenibilidad fiscal que establece la política del Estado en materia de reparación”, dijo López. 

Por citar un ejemplo de la magnitud de esta pena económica, el Gobierno tendría que echar mano de casi un tercio de los recursos que recibió por la venta de Isagen, sin contar con que el cumplimiento de esta condena abriría la puerta a una escalada de condenas que haría prácticamente insostenible el reconocimiento a las víctimas.